(Esto es un artículo de Cinco Días.com de Carmen Monforte del 25/01/2010)
El concurso para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos está sirviendo de test para medir el grado de aceptación que tendría en España un proyecto nuclear, léase alguna nueva central. Pero, aunque el rechazo ciudadano ya ha sido recogido en encuestas reales, lo que más llama la atención de la situación generada por el ATC, es cómo partidos que han proclamado a los cuatro vientos su vocación nuclear y exigen permanentemente un debate (o, más bien, un debate permanente) se han pasado, de repente, al otro bando.
Pero también es cierto que los principales dirigentes populares se han lavado las manos. Mediante la petición "de respeto", en el caso de Javier Arenas; de exigir un debate más amplio, caso de Esperanza Aguirre ("mientras debatimos no construimos", parece ser su eslogan) o, simplemente, guardando silencio, como ha hecho el propio Mariano Rajoy. Una actitud que contrasta con la oposición firme y pública que mantuvo el año pasado respecto al cierre de la central de Garoña, para lo que se sumó a los grupos de presión contra el Gobierno.Otro argumento que se puede esgrimir a favor de la actitud del PP, y otros detractores del ATC, como CiU, es que no se trata de una nuclear. Efectivamente, nada tienen que ver sus riesgos (infinitamente menores, según los expertos) ni su función, que es la de encerrar una parte mínima de los residuos (los de mayor intensidad) de las ocho centrales españolas y los de la clausurada Vandellós I, que custodiará Francia hasta 2011.
Además, a diferencia del riesgo financiero de construir una nueva central, cuya inversión, con suerte, comienza a dar sus frutos, a partir del sexto o séptimo año, el proyecto del almacén nuclear se pagará con los fondos aportados durante años por los consumidores eléctricos y, desde hace pocos años, por las propietarias de las centrales, y que son recaudados por la empresa pública Enresa.
Almacén inevitable
A menos de una semana de que concluya el plazo para que se presenten las candidaturas sólo el ayuntamiento de Yebra ha dado la cara. Mañana está previsto que lo vote el de Ascó, al que se atribuyen muchas más posibilidades si, finalmente, lo admite. Sus ventajas son de tipo político (el PSC no se opone); geográfico (dispone de tren tiene tres plantas en sus cercanías) y económico (cuenta con los técnicos que desmantelaron Vandellós). Pero la suerte aún no está echada y hay voces críticas contra un Gobierno al que, pese a haber aprobado en su día el proyecto y de haber convocado el concurso para su adjudicación, acusan de no dar la cara para exponer las bondades de un almacén que, además de sus 700 millones de inversión y de los 300 empleos previstos, resulta, al parecer, inevitable.
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